En los cursos de Derecho, una de las materias de formación básica es la de Teoria del Estado. En ella se diserta, entre otras tantas provechosas discusiones, la que corresponde a las funciones primigenias del Estado. Y en estas tareas se destacan dos, preponderantes de tal modo que resultan inalienables a este: la que corresponde a la impartición de justicia; y aquella que otorga al Estado el monopolio en el cobro de tributo (impuestos). Digamos que en estas consisten las obligaciones primarias del Estado, y en las que no se puede permitir fallar. Y de ellas se derivan tantas otras ramas en la estructura orgánica de un gobierno como actividades propias de la organización del mismo. No pretendo descartar aquí otras actividades correspondientes a la conformación y sostenimiento del Estado, que son también obligatorias y necesarias para el funcionamiento de éste, como la función legislativa, que no sólo se limita a la creación sino también a la modificación y adecuación de leyes en una sociedad con dinámica cambiante.
Luego entonces, parecería normal que cada Estado tendría como necesario el contar con un aparato Legislativo sapiente y robusto, así como un Poder Judicial independiente y poderoso; dejando al Ejecutivo la tarea tributaria, reguladora en cuanto hace a la interacción de personas, y creadora de infraestructura común. Y pienso que Todo lo demás que el Estado quiera hacer, debería encontrarse supeditado a antes hacer bien sus obligaciones primarias. Cultivar. Extraer petróleo. Construir carreteras. Procesar y Vender alimentos. Operar escuelas. Ofertar atención hospitalaria. Todo eso lo hacemos de mejor manera, con mejores resultados y con mayor provecho los particulares. Y es aquí en donde, a mi parecer, se vuelve esto un tema de ideologías, por qué en la práctica el operar un servicio por parte de un particular (obteniendo, obviamente, algún tipo de lucro), resulta aún más económico para el usuario, que pretender ofertar el mismo servicio por parte del Estado a un costo aparentemente nulo para este mismo usuario, porque un servicio aparentemente gratuito para unos seguramente es costeado por otros.
La clave para que esto le resulte evidente a dicho usuario es la sana competencia. Entre más competido sea un servicio, más opciones tiene el usuario, a mejor precio y calidad. Es ley de oferta y demanda. Y el Estado, con otras prioridades, no puede competir en demasiados rubros. Quizá en unos si, pero en muchos no. De ahí, finalmente, que es mi opinión el Estado debe reducir el aparato de gobierno al mínimo necesario, y permitir al individuo y a las instituciones fortalecer el tejido social y la dinámica económica de una sociedad, mientras regula las actividades y vigila que estas se desarrollen de manera justa para unos y otros.
En resumen: Que tengamos tanta ciudadanía como sea posible, y tanto gobierno como sea estrictamente necesario.
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